Cuanto más me siento con el tercer pilar de Signo, más difícil es verlo solo como una mejora de la infraestructura pública.
Empieza a parecerse a algo completamente diferente, una nueva especie de capa de riesgo.
En papel, la distribución de beneficios programables suena limpia y eficiente.
Desembolsos más rápidos. Lógica transparente. Reducción de fugas.
Es fácil entender por qué esto atrae a los gobiernos.
Pero los sistemas de bienestar no son entornos experimentales.
Tratan con personas reales, dependencias reales y consecuencias reales.
En el momento en que los subsidios, pensiones o ayudas públicas se canalizan a través de código, la naturaleza del fracaso cambia.
Un error ya no es solo técnico.
Un fallo de actualización ya no es rutinario.
Afecta directamente los medios de vida.
Ahí es donde la preocupación se profundiza.
Si los contratos inteligentes se convierten en la columna vertebral del bienestar público, entonces la responsabilidad se vuelve tan crítica como la innovación.
Cuando algo se rompe, ¿quién interviene?
¿Qué tan rápido se resuelve?
¿Y quién es el responsable en última instancia?
Hasta que esas respuestas estén claras, llamar a esto “infraestructura moderna” se siente incompleto.
Porque sin una fuerte rendición de cuentas, puede ser avanzado.
Pero no es lo suficientemente confiable como para ser de fiar.